Cuando se aprobó de consenso la ley de Zonas Costeras, Ley 690, en julio del 2009, después de largos cinco años de negociación, hubo entusiasmo entre todos los involucrados: diputados, empresarios, inversionistas y funcionarios de gobierno ya que el objetivo fundamental de la ley es que fuese un instrumento valioso de desarrollo de las zonas costeras.

Han pasado justamente siete años desde su aprobación y la inoperancia de la comisión que se creó para la aplicación del instrumento y la interpretación antojadiza de algunas municipalidades como es el caso concreto de San Juan del Sur impiden y ahuyentan la posibilidad de nuevas inversiones y con ello privan de oportunidades de desarrollo a dichas comunidades.

En la actualidad, la alcaldía de San Juan del Sur otorga “permisos temporales” a personas locales para que establezcan negocios en la zona de 50 metros de uso público, área en la cual la ley prohíbe tajantemente construcciones. Los “permisos temporales” eventualmente se convierten en permanentes como ha sido el caso en Playa Maderas y cuatro nuevos casos que se han dado en Majagual, Remanso, El Yankee y Escameca.

Los casos antes mencionados, en los que aparece involucrada la alcaldía de San Juan del Sur, constituyen una violación flagrante a la Ley 690 y afecta directamente los derechos de propiedad en las zonas afectadas, causando mucha preocupación a los propietarios de zonas costeras en las cuales se proyectan importantes inversiones.

Es urgente la intervención del gobierno central para garantizar una aplicación correcta de la ley de zonas costeras que devuelva la tranquilidad y garantice la seguridad jurídica de las inversiones.

  • Edición #7